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Nace la Plataforma europea para resolución de conflictos online

Con el objetivo de impulsar las transacciones online en el territorio de la Unión Europea, el próximo lunes 15 de febrero de 2016 la Comisión pondrá en marcha la Plataforma europea de resolución de conflictos online, de conformidad con la Directiva 2013/11/ UE de 3 de mayo y el Reglamento 524/2013 de 21 de mayo de 2013.

Mediante esta Plataforma, se ofrece a los consumidores y a los Comerciantes una ventanilla única para resolver extrajudicialmente los conflictos en línea.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la iniciativa del Mercado Único Digital y tiene como objetivo incrementar la confianza en la dimensión digital del mercado Europeo mediante un sistema sencillo, rápido y asequible de resolución de controversias derivadas de compras de bienes o prestación de servicios en línea.

1. Ámbito de aplicación y exclusiones de la Plataforma

La Plataforma se podrá utilizar para la resolución extrajudicial de conflictos relativos a obligaciones contractuales derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios celebrados en línea entre un consumidor y comerciante residentes ambos en la Unión Europea.

No obstante dicha Plataforma no será aplicable a disputas entre comerciantes y, en conflictos iniciados por un comerciante contra un consumidor, solamente en la medida en que la legislación del Estado Miembro de residencia habitual del consumidor así lo permita. En el caso del Estado Español, siguiendo la normativa europea, no son vinculantes para los consumidores los convenios arbitrales suscritos con un empresario antes de surgir el conflicto.

2. Funcionamiento de la Plataforma

La Plataforma consistirá en un sitio de internet interactivo al que se podrá acceder de manera electrónica y sin coste alguno, y estará disponible en la totalidad de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea.

Para presentar una reclamación, la parte reclamante deberá rellenar el formulario que se le facilitará en la propia web de la Plataforma. Dicha información comprende, entre otra, el nombre y dirección de las partes, el tipo de mercancía, el precio, si el consumidor ha entablado contacto directo con el comerciante o el tipo y descripción de la reclamación.

Una vez debidamente cumplimentado el formulario, la Plataforma transmitirá a la parte reclamada los detalles de la reclamación, instando a las partes a ponerse de acuerdo sobre la entidad de resolución alternativa a la que habrá de transmitirse la reclamación. En caso que el comerciante esté obligado a recurrir a una entidad de resolución alternativa concreta, se le enviará un requerimiento para aceptar dicha entidad en el plazo de 10 días o, si no está obligado a recurrir a una específica, deberá seleccionar una o más entidades que sean competentes.

El resultado del procedimiento de resolución alternativa se dará a conocer transcurridos 90 días naturales contados desde la fecha en que la entidad de resolución alternativa haya recibido el expediente completo de reclamación, salvo aquellos casos que revistan una especial complejidad. En estos supuestos, se podrá prorrogar el plazo en 90 días naturales adicionales.

3. ¿Cómo afecta la implantación de la Plataforma a los comerciantes?

En el ordenamiento jurídico español, la sumisión de las controversias a mecanismos de resolución alternativos (mediación, arbitraje, etc.) requiere la aceptación de las partes implicadas.

La vocación de la Plataforma es servir de puente entre las reclamaciones de los consumidores y las entidades nacionales de resolución alternativa de conflictos.

Por lo tanto, a menos que el comerciante se comprometa contractualmente a resolver las eventuales disputas derivadas de contratos de compraventa o de prestación de servicios celebrados en línea mediante estos canales alternativos, serán los tribunales ordinarios quienes conocerán de éstas reclamaciones.

Con independencia de la obligación de los comerciantes a someter los conflictos a través de la Plataforma, la normativa sí que obliga, al menos, a ofrecer en sus sitios web un enlace electrónico a la Plataforma en un lugar visible y de fácil acceso para los consumidores. Asimismo, los comerciantes que celebren contratos en línea también deberán facilitar a los consumidores sus direcciones de correo electrónico.

En relación al precio, el acceso a la Plataforma será gratuito. Sin embargo, ello no obsta a que en el devenir del procedimiento se puedan devengar costes que, en todo caso, serán asequibles para las partes.

La Plataforma estará operativa el lunes 15 de febrero en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

El proveedor de Internet considerado como intermediario de una infracción de derechos de propiedad intelectual

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de fecha 27 de marzo de 2014, de la que se han hecho eco distintos medios de comunicación, resuelve la cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Supremo austriaco en el curso de un procedimiento seguido entre un proveedor de servicios de Internet y unas compañías filmográficas, en el que se solicita que se requiera a aquél para que bloquee el acceso de sus clientes a un sitio de Internet que ponía a disposición del público obras cinematográficas sin el consentimiento del titular de los correspondientes derechos.

El Tribunal de Justicia de la UE, estima que el proveedor de acceso a Internet al que el infractor ha recurrido para llevar a cabo la conducta ilegal consistente en la puesta a disposición del público de obras protegidas sin disponer del debido consentimiento, debe ser calificado como un intermediario al amparo de la Directiva 2001/29 de la Unión Europea sobre derecho de autor y que, por tanto, se le puede exigir medidas para poner fin a tal conducta, entre ellas, la prohibición a sus clientes de acceso al sitio de Internet que ofrece los contenidos ilícitos.

Sin embargo, la referida resolución señala que deben tenerse en cuenta las exigencias derivadas de la protección de los derechos fundamentales aplicables, esto es, los derechos de propiedad intelectual y la libertad de empresa de la que gozan los proveedores de acceso a Internet. Para ello la Sentencia señala que las medidas adoptadas por el proveedor de acceso a Internet deben estar rigurosamente delimitadas, debiendo servir para poner fin a la vulneración cometida por un tercero de los derechos de autor o afines, sin que se vean afectados los usuarios de Internet que recurren a los servicios de dicho proveedor para acceder lícitamente a la información disponible.

En definitiva, la resolución estima que “los derechos fundamentales no se oponen al requerimiento judicial, siempre y cuando las medidas adoptadas por el proveedor de acceso a Internet no priven inútilmente a los usuarios de Internet de la posibilidad de acceder de forma lícita a la información disponible y tengan como efecto impedir o, al menos, hacer difícilmente realizable el acceso no autorizado a las prestaciones protegidas y disuadir seriamente a los usuarios de Internet que recurran a los servicios del destinatario de dicho requerimiento”.

Helena Fuentes Herrando / Assumpta Zorraquino. Departamento de Intangibles

Reglamento Europeo de Protección de Datos

El 12 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó un reglamento general que cubre la práctica totalidad de los datos personales procesados en la UE, y servirá, entre otras finalidades, para proteger la privacidad en redes sociales, la contratación en el cloud computing, la regulación del Big Data, el uso de la información biométrica o el procesamiento de datos con fines comerciales. 

Principales Novedades:

Prestadores de servicios de cloud computing ubicados fuera de la UE. Deberán obtener el permiso de la autoridad nacional de protección de datos e informar a la persona en cuestión.

Notificación de una violación de datos personales. La pérdida o acceso no autorizado por parte de terceros a la información deberá ser notificado a las autoridades nacionales de protección de datos, quienes mantendrán un registro público.

Cookies y Big Data. Se aplicará la normativa de protección de datos a la información almacenada en cookies y etiquetas RFID siempre que permita identificar a una persona física. Para la elaboración de perfiles en el Big Data, se deberá informar al interesado, debiendo intervenir una evaluación humana, y no debe referirse a menores de 13 años, sin que pueda dar lugar a una discriminación entre las personas basada en datos especialmente protegidos

Endurecimiento del régimen sancionador. Se podrán imponer a las empresas sanciones de hasta 100 millones de euros o el 5% del volumen de negocios anual de la empresa (se aplicará la cuantía más elevada).

Consentimiento expreso y lenguaje claro. El consentimiento deberá ser expreso, siendo necesario que las empresas se dirijan a los afectados a través de un lenguaje claro y sencillo.

Supresión de datos. Cualquier persona podría solicitar que se borren sus datos bajo determinadas circunstancias

Delegado de Protección de Datos. Figura, de perfil profesional, interno o externo, para  Organismos públicos; y Empresas privadas que, entre otros,  traten datos de más de 5.000 interesados en un año; o sus actividades principales consistan en tratar datos considerados especialmente sensibles, datos de localización, datos de menores de 13 años o utilizados a gran escala.

Evaluación de Impacto en la Privacidad. Obligación de documentar ciertas operaciones de tratamiento, evaluando los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, las medidas contempladas para hacer frente a los riesgos, así como las garantías destinadas a garantizar la protección de datos personales objeto de tratamiento.

 Rubén Cabezas / Assumpta Zorraquino. Departamento de Intangibles

Defensa de Consumidores y Usuarios

 Nueva Ley  3/2014 de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios para mejorar su protección en todas las transacciones a distancia.

El 27 de marzo de 2014 el Gobierno aprobó la Ley 3/2014 de 27 de marzo por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Dicho texto ha sido publicado en el BOE con fecha 28 de marzo de 2014.

Estas son las principales novedades que introduce la nueva Ley :

1. Marco jurídico

Trasposición de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577 del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento y del Consejo.

La citada directiva procede a derogar la normativa europea vigente sobre la protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, estableciendo un nuevo marco legal en esta materia, y modifica la normativa europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo.

La nueva Ley modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, con la finalidad de incorporar al Derecho interno la Directiva 2011/83/UE. Los objetivos sustanciales que persigue la nueva Ley son:

        - Reforzar la seguridad jurídica, tanto de los consumidores como de los empresarios.

        - Eliminar las disparidades existentes en la legislación europea.

        - Elevar el nivel de protección de los derechos de los consumidores.

2. Ámbito objetivo de aplicación

-        Contratos celebrados entre el empresario y el consumidor en el marco de un  sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia (correo, internet, plataforma en línea teléfono o fax, así como situaciones en las que el consumidor visita el establecimiento mercantil con el propósito de recabar información sobre bienes o servicios y la negociación y celebración del contrato tiene lugar a distancia.

-        Contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil de la empresa.

Excepciones:

        - Contratos de actividades de juego por dinero que impliquen apuestas de valor.
        - Contratos de servicios financieros.
        - Contratos relativos a viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados.
        - Contratos para el suministro de productos alimenticios, bebidas u otros bienes de consumo corriente en el hogar.
        - Contratos de servicios de transporte de pasajeros.
        - Contratos celebrados con operadores de telecomunicaciones a través de teléfonos públicos para la utilización de esos teléfonos, o celebrados para el              establecimiento de una única conexión de teléfono, Internet o fax por parte de un consumidor.

 3. Principales novedades

Las principales novedades establecidas mediante la entrada en vigor de esta nueva Ley 3/2014 de 27 de marzo, son las siguientes:

• Reforzamiento de la información que debe proporcionarse al consumidor: i.e.: toda interoperabilidad relevante del contenido digital con el sistema operativo o versión necesaria; funcionalidad de los contenidos digitales (incluidas medidas técnicas de protección), etc.
• Nuevos requisitos formales: indicación de los medios de pago, consentimiento expreso del consumidor en la aceptación del pago final, incluidos los adicionales.
• Prohibición de incluir cargos que excedan  el soportado por el empresario por la utilización de medios de pago.
• Ampliación de 7 días hábiles a 14 naturales del plazo del derecho de desistimiento.
• Nuevos supuestos de excepción al derecho de desistimiento: i.e.: suministro de contenido digital que no se preste en soporte material.
• Posibilidad de resolver el contrato por retrasos en la entrega de los bienes.
• Protección del consumidor frente al riesgo de pérdida o deterioro de los bienes.
• Contratación telefónica. La oferta no será vinculante hasta que el consumidor la haya firmado por escrito, papel, fax, email o SMS.
• Factura electrónica: la expedición de factura electrónica se condiciona a la obtención del consentimiento expreso del consumidor.

4. Régimen Transitorio:

Conforme a la disposición transitoria única de la nueva Ley 3/2014 de 27 de marzo, las disposiciones de la Ley serán de aplicación a los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir del 13 de junio de 2014.

La nueva norma obliga a realizar:

•        Análisis de las condiciones generales de contratación actuales y modificación de las mismas.

•        Validación del proceso de compra:

-        Comprobación del cumplimiento de los plazos de entrega.

-        Comprobación del correcto funcionamiento del derecho de desistimiento.

-        Comprobación de las devoluciones de producto.

-        Análisis de la explotación de los datos obtenidos a través de las contrataciones realizadas por la empresa.

-        Recabar consentimiento expreso de la transacción.

-        Descripción de las características técnicas de los productos.

-        Información sobre el precio final con carácter previo.

 

Big Data

El estudio sobre el universo digital de IDC (International Data Corporation) publicado este mes, mide el volumen de datos digitales que se generan diariamente, se replican y consumen en un año. Este universo está compuesto por imágenes y videos realizados con smartphones y subidos a redes sociales, películas digitales que el público comparte, artículos, posts, tweets, datos bancarios, información de seguridad, perfiles de consumo, voz IP o mensajería instantánea que circulan en la red.

Este universo digital vive cada vez más en la nube, superando límites geográficos y grandes centros de datos y dispositivos.

En este contexto las principales conclusiones del referido informe de IDC son:


• De 2005 a 2020, el universo digital crecerá de 130 exabytes a 40.000 exabytes, o 40 billones de gigabytes. Es decir, a partir de ahora hasta el año 2020, el universo digital se duplicará aproximadamente cada dos años.

• La inversión en el gasto en hardware, software, servicios, telecomunicaciones y profesionales del sector crecerá un 40% entre 2012 y 2020. Como consecuencia
de ello, la inversión por gigabyte durante ese mismo período se reducirá de $ 2,00 a $ 0,20, no obstante, la inversión en áreas específicas como la gestión de almacenamiento, seguridad, big data, y cloud computing crecerá considerablemente más rápido mucho más rápido.

• Entre 2012 y 2020, la participación de los mercados emergentes del universo digital en
expansión aumentará del 36% al 62%.

• La mayoría de la información que circula en el universo digital, que actualmente es del 68%, se genera y se consume por los usuarios (ver la televisión digital, la interactuar en las redes sociales, enviar imágenes y videos de dispositivo a dispositivo y en la red , etc), sin embargo, son las empresas las que tienen la responsabilidad de casi el 80% de la información en el universo digital y deben lidiar con las cuestiones relativas a derechos de autor, privacidad
y cumplimiento normativo, a pesar de que los datos que circulen por sus redes y servidores hayan sido creados y consumidos por los usuarios.

• La proporción de datos en el universo digital que requiere protección está creciendo más
rápido que el universo digital en sí, de menos de un tercio en 2010 a más del 40% en 2020.

• La cantidad de contenidos e información generada por los propios usuarios (documentos,
fotografías, música, videos, etc), es mucho menor que la cantidad de información que se está
creando sobre ellos en el universo digital.

La mayor parte de la información del universo digital se almacena de forma temporal en
routers, en dispositivos de vigilancia, la cantidad de información no usada se
multiplicará por 8 en el 2020.

Es necesaria una mayor concienciación a los usuarios acerca del uso de la información y de los contenidos que se publican y comparten en la red, y las empresas deben velar por el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial y el tratamiento y explotación lícito de los datos de los usuarios.

La digitalización previa en redes P2P

He leído un artículo que publica el Auto dictado por un Juzgado de lo Mercantil que desestima la adopción de medidas cautelares solicitadas por la SGAE contra una página que ofrecía enlaces a plataformas P2P, y desde las que se podían realizar descargas de obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual.
Sin perjuicio de que, sin conocer los detalles y pruebas aportados al procedimiento, puedo compartir la valoración que efectúa el citado Auto respecto a si se considera o no infracción la actividad que se realiza desde las páginas que ofrecen simplemente enlaces y no descargas directas de obras almacenadas en la propia página, discrepo de la interpretación que efectúa el Juzgador respecto a qué actividades que constituyen una infracción del derecho de reproducción.
El Auto analizado, hace suyos los argumentos de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, que establece que cuando se digitaliza una obra y se fija en un medio que permite su comunicación y la obtención de copias, se está ejecutando un acto de reproducción, concretamente con la carga y almacenamiento de material digitalizado en la memoria del ordenador (o de otro sistema que lo retenga de modo estable).
Partiendo de dicho análisis, sin embargo, el Juzgador entiende que “la descarga de la obra en la red P2P que supone bajada y subida de datos o archivos previamente digitalizados, previamente fijados en el soporte que permite el intercambio, no encaja en este precepto. Introducir una obra fonográfica o videográfica en el programa Emule que ha sido previamente convertida a un archivo informático, compatible con dicho programa, no constituye un acto de reproducción. En la mayoría de los casos la conversión se ha realizado previamente para permitir su divulgación a través de Internet, mediante actos que han sido objeto de autorización lucrativa por sus titulares. Resultaría una investigación técnica realmente compleja averiguar qué archivos fueron reproducidos, digitalizados por un usuario de la red P2P y cuales lo fueron por los titulares de los derechos de explotación”
Y es aquí donde discrepo pues el Juzgador establece como requisito para que tal acto pueda ser considerado como reproducción que se haya producido previamente la digitalización de la obra.
Dicha exigencia, no viene recogida en  el art 18 TRLPI que indica que  “la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”.
Por lo tanto,  no es un requisito para que se produzca la reproducción que la obra haya sido previamente digitalizada, o el que autor de la infracción intervenga en esa digitalización, sino que el mero acto de realización de la copia, ya sea mediante su fijación en otro soporte, ya sea mediante su almacenamiento en el disco duro de un ordenador,  mediante su conversión a obra digital, o mediante la “subida” de la obra a una red P2P constituye reproducción.
Constituye igualmente a mi entender, una errónea interpretación del derecho de reproducción,  descartar la existencia de una infracción del derecho de reproducción cuando la digitalización de la obra ha sido efectuada por el propio titular de los derechos de explotación. 
Así, se estaría tolerando la descarga sin autorización de cualquier tipo de obra, si ésta ha sido publicada por el titular de derechos de explotación en soporte digital, a pesar de que se haya puesto a disposición de terceros en plataformas de distribución P2P sin su consentimiento.

Responsabilidad del prestador de servicios

Me ha parecido muy interesante la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 44 de Madrid, por la que el titular de una página web ha sido condenado por servir como vehículo para la difusión pública de los mensajes, comentarios expresiones y fotografías publicados en su página. La responsabilidad se declara tras un pormenorizado análisis de las obligaciones establecidas a los prestadores de servicios en la LSSICE, y del conocimiento previo que pudo tener el prestador de la existencia de los mensajes difamatorios, así como si el afectado, pudo o no comunicar con él con facilidad para dar cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10 de la LSSICE. La Sentencia considera acreditado que los datos del registro y de contacto no habían sido actualizados, impidiendo con ello cumplir diligentemente con su obligación de retitada de los mensajes, expresiones y fotografías difamatorias, y concluye condenando al prestador a cesar en la perturbación ilegítima en el derecho al honor del demandante,  que constituyen intromisiones ilegítimas en su derecho al honor, así como a indemnizar al actor en la cantidad de 6.000 euros y pago de las costas.

Second Life

Esta semana asistí a unas conferencias sobre Second Life. Me sorprendió que para exponer cuál es el grado de aceptación e impacto que está teniendo Second Life en estos momentos, se sigan realizando comparaciones con los inicios de Internet en España en 1995, tanto en lo que se refiere a utilización como a navegabilidad, y que por otro lado, se  discuta acerca de si las posibilidades de Second Life serán tan amplias y útiles como las que nos ofreció en su día el entorno world wide web, o simplemente se trata de un entretenimiento.

Frente a artículos periodísticos en los que se ha valorado de forma negativa el éxito de Second Life, los ponentes inistieron en el éxito que va a reportar Second Life y la web 3.0, que Second Life no es una nueva dimensión de los video juegos, sino una nueva forma de relacionarse, así como y que las empresas que tienen presencia en Second Life están satisfechas de haber apostado por tener presencia.

Un estudio estadístico de la presencia y aceptación de Second Life entre los usuarios, indicó también, que aunque incialmente los encuestados responde que el tiempo que dedican en Second Life no tiene como objetivo el de fomentar facetas sociales, el conjunto de la encuesta demostró que es una de las principales demandas de la isla.

La encuesta también reflejó  que el usuario pasa mucho tiempo dedicado a cambiar el aspecto de su avatar, lo que demuestra que a pesar de estar en un entorno virtual, nos sigue preocupando mucho nuestro aspecto y el que dirán de nosotros.

Internet vs Arte

Ahora que todos nos hemos acostumbrado a obtener información en la red, a comunicarnos por vía electrónica, a expresar nuestras opiniones y comprar de forma electrónica, a innovar y desarrollar nuevos proyectos que puedan ser explotados en la red, leo que Elton John está disgustadísimo con la red, y propone que durante cinco años, si, cinco años, dejemos de utilizar Internet.

Su argumento es que "la gente no sale a la calle, ni se junta con los demás para crear cosas", o "la gente se queda en casa y hace sus propias grabaciones, lo que cual es un mal panorama para el arte a largo plazo".

Habrá que preguntarse qué está incluido en su concepto de arte, y si la razón por la que la gente no sale a la calle es el uso de Internet.

Colaboración de los ISP (2)

Finalmente, el texto propuesto por el Gobierno como Anteproyecto, y para regular un procedimiento de colaboración de los ISP en materia de infracciones de propiedad intelectual, ha sido retirado. En su lugar, todo apunta a que se abrirá un nuevo proceso de discusión. Debería aprovecharse ese proceso para debatir el procedimiento que puede aplicarse para solicitar la colaboración de los ISP cuando se tenga conocimiento de la publicación en Internet de contenidos ilícitos, y para dar la oportunidad a todos los actores a participar.