Uno de los objetivos que la empresa se plantea en su política de RSC es el cumplimiento del marco regulatorio que rige su actividad dando un mensaje de respeto de la ley a la sociedad.
Por ello, el número de sanciones y resoluciones judiciales contrarias a la empresa son reflejadas anualmente en la Memoria de RSC de la empresa, que se encuentra disponible en la sede web corporativa.
Una noticia relativa al uso de software sin licencia por parte de la empresa tendría un impacto sumamente negativo en la visión que la sociedad y, especialmente los stakeholders, tienen de la compañía y de los valores que defiende.
De nada sirve incluir en el balanced scorecard de la compañía un indicador relativo al cumplimiento normativo si la compañía no establece una política de gestión de activos de software que impida infringir la Ley de Propiedad Intelectual.
Por otro lado, el uso de software sin licencia implica el impago de unas cantidades que, acumulativamente, impiden la recaudación de los impuestos correspondientes, y la creación de puestos de trabajo, además de suponer un claro desprecio de la legalidad por parte de la empresa, con el consiguiente impacto en su reputación y en el valor de la marca.
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